Denunciante anónimo tributario: 561 casos y ninguna calificación, ¿qué está aprendiendo el SII del nuevo sistema?

A más de un año de la entrada en vigencia del denunciante anónimo tributario, los primeros datos del SII muestran una brecha entre las denuncias ingresadas y aquellas que cumplen los requisitos legales para acceder a esta figura. ¿Qué exige la ley, qué sucede cuando una denuncia no califica y qué deberían tener presente las empresas?

En los últimos años hemos sido testigos de la evolución del sistema de fiscalización tributaria chilena y de la modernización del Portal de Denuncias del Servicio de Impuestos Internos (SII), que hoy reúne en un solo lugar tres vías distintas: la denuncia por incumplimiento tributario, la autodenuncia y la denuncia para la investigación de delitos tributarios, que es la puerta de entrada del denunciante anónimo.
Según información entregada por el SII y publicada por La Tercera el 21 de septiembre de 2026, entre abril de 2025 y julio de 2026 ingresaron 561 casos a través del canal de Denunciante Anónimo, pero ninguno de ellos cumplió los requisitos para obtener esa calidad. Otros ocho casos se encontraban todavía en análisis.
Esta cifra revela un desafío por delante: quienes utilizan esta herramienta deben comprender con claridad para qué sirve, qué requisitos tiene y qué información deben aportar. A continuación profundizamos en ello.
Denunciar no siempre significa estar ante un “denunciante anónimo”
La figura del denunciante anónimo tributario fue incorporada al Código Tributario por la Ley N° 21.713, sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias, y rige desde el 25 de abril de 2025. Está regulada en los artículos 100 quáter y 100 quinquies de ese Código; el SII fijó su procedimiento en la Resolución Exenta N° 59, de 2025, e impartió instrucciones en la Circular N° 36, del mismo año.
Sin embargo, no toda información sobre un eventual incumplimiento tributario reúne las condiciones para acceder a esta calidad.

La ley reserva esta calidad a las personas naturales que, de manera voluntaria, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios —por ejemplo, las declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, el uso de facturas falsas o la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos— aportando antecedentes que la propia ley califica como sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el SII. No basta, por tanto, con sospechar una irregularidad ni con informar un incumplimiento que solo da lugar a una infracción administrativa: el SII ha señalado expresamente que no tramitará por esta vía los hechos prescritos, los que no constituyen delito ni los de menor entidad.
Tampoco cualquier persona puede acceder a ella. Quedan excluidos quienes participaron en la conducta denunciada, quienes ejercen cargos de administración o dirección en la entidad denunciada y los abogados que le hayan prestado asesoría durante los tres años anteriores a la denuncia, así como las personas querelladas, formalizadas, acusadas o condenadas por delitos tributarios. La denuncia se presenta únicamente a través de la plataforma del SII, con clave tributaria y un correo electrónico de contacto, y debe describir los hechos, explicar por qué configurarían un delito tributario, identificar al presunto infractor y acompañar los documentos que lo respalden.
La calidad de denunciante anónimo no se obtiene por el solo hecho de ingresar la denuncia: se adquiere cuando el SII dicta una resolución fundada, de carácter secreto, que declara cumplidos los requisitos, y el Servicio tiene seis meses para pronunciarse desde la presentación de los antecedentes. Solo entonces operan los beneficios propios de la figura: la reserva legal de la identidad del denunciante, la exención de responsabilidad penal, administrativa y civil por el hecho de colaborar, y el derecho a una recompensa equivalente al 10% de la multa que se aplique al infractor. Esta recompensa tiene, además, sus propias condiciones: el impuesto defraudado debe superar las 100 unidades tributarias anuales, la multa debe ser impuesta judicialmente y pagada, y la entrega el Servicio de Tesorerías, por lo que en la práctica supone esperar el término del proceso.
Conviene tener presente también el reverso de la moneda: quien solicita esta calidad aportando antecedentes falsos o fraudulentos arriesga penas de presidio menor en su grado medio a máximo —esto es, de 541 días a cinco años— y una multa de 15 unidades tributarias mensuales, además de responder por los perjuicios que cause.
Esto hace necesario distinguir entre informar un eventual incumplimiento tributario y cumplir las condiciones para ser considerado formalmente denunciante anónimo tributario. Una persona puede ingresar información que considere relevante y, sin embargo, que el caso no sea tramitado bajo esta figura particular. Cuando esto ocurre, los antecedentes no se pierden necesariamente: según las instrucciones del propio SII, la presentación puede desestimarse o derivarse para evaluar las acciones de fiscalización que resulten pertinentes.
Eso es precisamente lo que, según ha informado el Servicio, ocurrió con los 561 casos que no fueron calificados como denunciante anónimo y que fueron derivados a la Subdirección de Fiscalización, donde están siendo sometidos a los procesos de control respectivos.
¿Qué está ocurriendo con el nuevo sistema?
Los datos disponibles también permiten observar otra dimensión. Junto con los casos ingresados como denunciante anónimo, entre abril de 2025 y julio de 2026 el SII recibió 86 presentaciones por el canal de autodenuncia. De ellas, 83 no cumplían con los requisitos para ser consideradas como tales y tres se encontraban en proceso de revisión.
La autodenuncia es una herramienta distinta, regulada en el artículo 100 sexies del Código Tributario —también incorporado por la Ley N° 21.713— y cuyo procedimiento fijó el SII en la Resolución Exenta N° 49, de 2025. Está pensada para el contribuyente que advierte que sus propias diferencias de impuestos podrían tener origen en hechos constitutivos de delito tributario y decide regularizarlas.
Para ello debe acompañar una propuesta de rectificación de sus declaraciones, que puede abarcar como máximo los tres años tributarios anteriores; no estar bajo fiscalización por esos mismos impuestos; no haber sido condenado por delitos tributarios, y no haber utilizado antes este mecanismo. Si el Comité Ejecutivo del SII aprueba la autodenuncia, se determinan las diferencias y se emiten los giros, que deben pagarse con sus intereses y multas, sin posibilidad de condonación, aunque sí puede solicitarse un convenio de pago en Tesorería. A cambio, el contribuyente no será objeto de denuncia ni querella por esos hechos.
A esto se suma que, según la misma información, la Subdirección Jurídica del SII estaba analizando otros ocho casos para determinar si cumplían o no con los requisitos para ser calificados como denunciante anónimo.
Pese a que el SII reformuló su canal digital de denuncias para orientar mejor a las personas —hoy el portal advierte que la denuncia por delito tributario aplica solo a infracciones de mayor complejidad y gravedad, y que ante cualquier duda debe utilizarse la denuncia general por incumplimiento tributario—, ese rediseño no garantiza por sí solo que el usuario sepa cuál vía utilizar ni cómo presentar adecuadamente la información. La propia Subdirección Jurídica del Servicio ha reconocido que los contribuyentes todavía no manejan la forma adecuada de presentar este tipo de denuncias.
Facilitar el acceso también significa facilitar la comprensión, y este punto resulta relevante porque el sistema de denuncias tributarias cumple una función que va más allá de poner a disposición un formulario.
Para que una herramienta de este tipo pueda operar adecuadamente, quien la utiliza necesita tener cierta claridad respecto de preguntas básicas: ¿qué situación puedo denunciar?, ¿qué antecedentes debo entregar?, ¿cuándo corresponde una denuncia general?, ¿cuándo podría tratarse de un delito tributario?, ¿qué diferencia existe con una autodenuncia?
Son preguntas que pueden parecer evidentes para quienes conocen el funcionamiento del sistema tributario, pero no necesariamente para un trabajador, proveedor, ejecutivo u otra persona que por primera vez se enfrenta a una situación que considera irregular.
En este sentido, la experiencia acumulada y los primeros resultados del Portal de Denuncias permiten identificar dónde existen dificultades de comprensión y, a partir de ellas, ajustar los mecanismos de orientación y clasificación.
Es, en cierta medida, la segunda etapa de la implementación de una herramienta nueva: después de ponerla en marcha, observar cómo está siendo utilizada y hacer los ajustes necesarios para que cumpla mejor su propósito.
La pregunta que queda para las empresas
El nuevo escenario también plantea interrogantes para las organizaciones.
En un artículo publicado por Estudio Serrano en junio de este año, analizamos el nuevo Portal de Denuncias desde una perspectiva de gobernanza: ¿qué lleva a una persona a acudir directamente al SII en lugar de utilizar los canales internos de una organización?
Pero los datos conocidos ahora permiten agregar otra pregunta: ¿Está preparada la empresa para gestionar adecuadamente una situación que podría terminar siendo conocida por la autoridad?
La respuesta no depende únicamente de contar con un canal interno de denuncias.
También requiere mecanismos para detectar eventuales incumplimientos, investigarlos oportunamente, adoptar medidas correctivas y, especialmente, mantener una adecuada trazabilidad de las decisiones y actuaciones de la organización.
Una denuncia que finalmente no sea calificada como denunciante anónimo puede igualmente dar lugar a procesos de fiscalización. Y si los hechos denunciados sí configuran un delito tributario, el riesgo ya no recae únicamente en la persona que lo cometió: desde la Ley N° 21.595, sobre delitos económicos, los delitos tributarios forman parte del catálogo por el cual una empresa puede responder penalmente conforme a la Ley N° 20.393, cuando son cometidos por o con la intervención de personas que ocupan un cargo, función o posición en ella y su comisión se ha visto facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos. Por ello, para las empresas resulta relevante que sus decisiones tributarias, controles y medidas de cumplimiento puedan ser explicados y respaldados documentalmente cuando sea necesario.
Un sistema que todavía está tomando forma
Siendo realistas, y considerando su reciente entrada en vigencia, falta tiempo para extraer conclusiones generales sobre el funcionamiento definitivo del denunciante anónimo tributario.
Lo que sí muestran los primeros datos es que la implementación del mecanismo todavía está acompañada de un proceso de aprendizaje y ajuste.
Para el SII, el desafío parece estar no solo en disponer de nuevos mecanismos para recibir información, sino también en conseguir que las personas puedan distinguir adecuadamente las distintas vías disponibles y entregar antecedentes de manera útil para los procesos correspondientes.
Para las empresas, mientras tanto, el escenario refuerza la importancia de contar con sistemas internos de cumplimiento, canales de denuncia confiables, un modelo de prevención de delitos que incorpore los riesgos tributarios y una adecuada documentación de sus decisiones tributarias.
Porque un sistema de denuncias efectivo no depende únicamente de que exista una puerta de entrada. También depende de que el usuario sepa cuál es la puerta correcta que debe utilizar y de que, por otro lado, la organización esté preparada para responder cuando esa puerta se abre.



Comentarios